Libertad
de información y educación
Por J. Montero Tirado
Es sorprendente que en
nombre de la democracia se quiera limitar la libertad de información. O no
estamos entendiendo qué es la democracia o no entendemos el valor “libertad”.
Es más sorprendente aún que
esto se quiera hacer precisamente en la actual “sociedad de la información y el
conocimiento”, en una sociedad que recibe con entusiasmo la expansión de
libertad para informar y comunicarnos con el impresionante dinamismo de las
redes sociales en internet.
Para los educadores, padres,
madres y profesionales, limitar el derecho a la información, tanto para darla
como para recibirla, es una propuesta escandalosa y contracorriente de uno de
los objetivos fundamentales de toda educación: educar en libertad para
ejercerla desde la autonomía personal responsable, en el contexto de una ética
personal, social y política.
Se ha sufrido mucho en la
historia de la humanidad para conquistar el derecho a la libertad de opinión,
expresión e información. Olvidar tanta lucha, sufrimiento y hasta derramamiento
de sangre, para volver atrás, es decepcionante y deshumanizador.
Tengo ante mí una
recopilación de veintisiete documentos de organismos mundiales y diversos
países, que afirman la irrestricta vigencia del derecho a la libertad de
información (N. Blázquez, 2002, 415ss). Entre ellos basta citar algunos como
muestra, para confirmar el hecho de la evolución y el progreso humanos en la
comprensión y ejercicio de la libertad de información.
El Protocolo de Naciones
Unidas de 1952, en el preámbulo, dice: “La libertad de información y de prensa
es un derecho fundamental del hombre y la piedra de toque de todas las
libertades reconocidas en la “Carta de las Naciones Unidas” y proclamada en la
“Declaración universal de los Derechos Humanos”.
La Declaración Universal,
art. 19, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión: este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de
difundir, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Tratando sobre los derechos
y responsabilidades de los periodistas, en Italia, por ejemplo, dicen: “La
libertad de información, es decir, la libertad de obtener las noticias,
publicarlas y someterlas al examen de la crítica, conforme a la verdad de los
hechos, es un derecho inalienable del periodismo”.
Está muy claro que cuando
hablamos de libertad informativa nos referimos principalmente a la
independencia que todo informador ha de mantener frente a las presiones de
poderes fácticos de carácter financiero, político e ideológico. Y desde luego
frente a poderes institucionales estatales o paraestatales que impiden o
limitan la libertad de información con leyes coercitivas, creadas desde el
abuso de poder.
Como todas las libertades
públicas, la libertad de información tiene límites. Una libertad pública
termina donde empieza otra y su campo de referencia general es el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos.
La libertad de información
se conjuga con la responsabilidad. Así como no existe responsabilidad si no hay
libertad (no me pueden culpar de algo que hice forzado, violentado, es decir,
sin libertad), así tampoco hay ejercicio de la libertad que no lleve consigo la
responsabilidad de lo que he hecho libremente. Si lo hice con libertad, soy
responsable de lo que hice.
“Persona responsable es
aquella que cumple sus obligaciones libremente asumidas”. Y como ciudadano, el
periodista y los dueños de los medios de comunicación social tienen la
obligación de colaborar con el bien común. El derecho a la libertad de
información no puede ser ingenuamente generalizado, es como el derecho al
tráfico en calles y rutas, un derecho a la libertad de movimiento, pero
respetando siempre el mismo derecho de los demás y el orden convenido (las
reglas de tráfico) para hacer posibles los derechos de todos.
He comentado en otra
oportunidad que, según los sociólogos de la educación, los educandos reciben el
10% de su educación de la escuela, el 30% de la familia y el 60% de la
sociedad. Para la educación son nefastas las dictaduras y proporcionalmente
también los manejos despóticos de los poderes del Estado, que quieren limitar
el derecho de información, opinión y expresión de los ciudadanos. La
información del Estado no es de los gobernantes, porque el Estado somos todos.
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