PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN SUPERIOR
El asunto se está convirtiendo en un cuello de botella serio para
nuestro crecimiento, que está demandando cada vez más trabajadores y
profesionales especializados…
 |
| FOTO. Archivo El Comercio |
Si el Estado quiere hacer algo para contribuir a elevar el nivel de la
educación superior en el Perú, el camino no es el que él parece pensar:
intervenirla para cambiarla desde la burocracia. El camino es el contrario:
empoderar al consumidor para que este tenga mejor información sobre lo que le
ofrece cada universidad e instituto superior (en términos académicos y de
posterior posicionamiento laboral) y para que, por lo tanto, al escoger entre
ellos con información más real, pueda hacer correspondientemente más intensa la
competencia por atraerlo.
En este sentido, hay dos cosas muy concretas que el Estado puede hacer.
La primera, divulgar información acerca de los resultados de las universidades
e institutos superiores para ayudar a corregir las asimetrías informativas que
a la fecha existen en muchos aspectos del mercado de la educación superior. Y
la segunda, dar la libertad que hoy les niega a los institutos superiores para
realizar una serie de cambios que les permitan pulirse y adaptarse mejor a las
necesidades de la demanda.
Respecto de lo primero, el decano de la Facultad de Economía de la
Universidad del Pacífico, Gustavo Yamada, ha señalado una paradoja: en el Perú
el 46% de los egresados de las universidades está subempleado, es decir,
trabajan en oficios de menor calificación, al mismo tiempo que el 50% de las
empresas grandes del país declara tener dificultades para contratar mano de
obra calificada. Esto significa que las universidades producen profesionales
que las empresas no contratan, y que las empresas necesitan profesionales o
técnicos que las universidades o institutos tecnológicos no producen, sea
porque están preparando profesionales o técnicos en ramas que no tienen
demanda, sea porque la calidad de la educación que se imparte en esas
instituciones es muy deficiente y sus egresados carecen de las calificaciones
necesarias.
El asunto se está convirtiendo en un cuello de botella serio para
nuestro crecimiento, que está demandando cada vez más trabajadores y
profesionales especializados. Según las encuestas de Enaho, por ejemplo, entre
los años 2004 y 2012 la demanda por trabajadores calificados con educación
superior se incrementó en 40%, mientras la demanda por trabajadores sin
educación superior solo aumentó 13%.
Es clara, pues, la necesidad de mejorar perentoriamente la calidad de
nuestra educación superior –universitaria y técnica– y de reorientar su oferta
de carreras a la demanda del mercado. El propio Yamada ha sugerido un método
práctico para avanzar hacia estos objetivos: informar a los jóvenes y a sus
padres acerca de qué porcentaje de los egresados de cada facultad de cada
universidad e instituto tecnológico está trabajando en aquello para lo que
estudió. Como bien ha dicho el decano, se trata de información que se puede
recabar muy fácilmente por medio de los sistemas de información estatal: una
pregunta en la declaración de renta a la Sunat, en la planilla electrónica que
envían las empresas al Ministerio de Trabajo y en una megaencuesta de hogares.
Naturalmente, con esta información a disposición de los padres y
estudiantes los centros superiores interesados en sobrevivir –al menos los que
deben hacer negocio para lograrlo– tendrían que tener mucho cuidado en ver que
aquello que ofrecen a sus alumnos se traduzca efectivamente en valor para la
futura vida laboral de estos.
Luego está el tema de la falta de libertad de los institutos superiores
para tomar decisiones que les permitan mejorar la calidad y adaptarse más
rápidamente a la demanda. Este problema exige modificar la Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior a fin de eliminar el controlismo del que son
objeto por parte del Ministerio de Educación. En la actualidad cualquier
decisión relativa a la creación de programas o carreras y hasta a cambios en la
malla curricular debe ser aprobada por el ministerio. El resultado es que la
aprobación de una nueva carrera puede demorar dos años, por citar un ejemplo. O
que los institutos no pueden, por nombrar otro, tener varias sedes en el
interior del país, algo absurdo.
También habría que acabar, desde luego, con las trabas irracionales que
el Ministerio de Trabajo pone a estos institutos al hacerles casi imposible
firmar convenios con las empresas para que los estudiantes puedan practicar en
ellas mientras estudian (formación dual), lo que posibilitaría a los institutos
ofrecer una serie de nuevas carreras técnicas (aprovechando las máquinas y
talleres de las empresas para disponer de una infraestructura cara que a muchos
institutos les puede resultar, de lo contrario, una barrera de entrada
demasiado alta).
En suma, la mejora requerida cada vez más urgentemente por nuestra
educación superior pasa por liberar. Por liberar a los padres de familia y
alumnos de la desinformación sobre el mercado de universidades e institutos
superiores que hoy los hace escoger a oscuras entre ellos. Y por liberar a los
institutos superiores de las controlistas regulaciones que les impiden
adaptarse a las necesidades de un mercado al que, para llegar a tener éxito en
el largo plazo, tienen que poder satisfacer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario